Recientemente, el Congreso aprobó una iniciativa de reforma constitucional para destinar como mínimo el 6% del PBI al sector educación. Esta iniciativa ha generado controversia respecto a su alcance constitucional y a los fundamentos que la sostienen. El principal argumento detrás sería que el gasto público destinado a educación está por debajo del de otros países de la región. Sin embargo, en 2019, el presupuesto público del sector educación en Perú fue de S/ 31.8 mil millones (4.2% del PBI de dicho año). Esta proporción está en línea con la Alianza del Pacífico, supera al monto asignado en México (3.1%) y Colombia (3.9%), y está por debajo de Chile (5.5%).
Asimismo, si se considera el presupuesto público de educación como porcentaje del presupuesto total del gobierno, se observa una estructura similar. La proporción en Perú ascendería a 19.7%, nivel similar al asignado en Colombia. Del mismo modo, este porcentaje se encontraría por encima de México (13.1%) y por debajo de Chile (22.7%).
Es importante poner en un contexto fiscal estas cifras. La viabilidad de las iniciativas presupuestales depende, principalmente, de los ingresos del Gobierno. En el Perú, la presión tributaria (relación entre ingresos tributarios de una economía y el PBI), se sitúa alrededor del 14.4%, similar a Colombia (14.0%), por encima de México (13.2%) y menor a la de Chile (17.4%). Para el Perú, la presión fiscal representa menos de la mitad del 34.3% registrado, en promedio, por los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Así, establecer montos mínimos de gasto público basados en el PBI, sin tomar en cuenta la disponibilidad real de recursos del Estado, es inviable.
Si bien en los últimos once años, Educación ha sido el sector al que se ha destinado la mayor proporción del presupuesto público, al hablar de la ejecución del presupuesto de la inversión pública, los gobiernos locales ejecutaron apenas dos tercios del presupuesto de inversión a su cargo, lo cual se explica, principalmente, por el limitado avance en la construcción de estructuras. No obstante, la eficiencia del presupuesto de educación no solo se debería enfocar en una mayor ejecución del monto asignado, sino principalmente en la priorización de estos recursos para mejorar la cobertura educativa y el desempeño de los estudiantes. En particular, revalorizar la carrera docente a través de esquemas de incentivos con base en la meritocracia es fundamental. Asimismo, los esfuerzos dirigidos a implementar partidas presupuestarias para la inversión educativa en áreas remotas y el mantenimiento de las escuelas beneficiarían a cerrar la brecha de infraestructura educativa básica.
Existe espacio para mejorar la eficiencia del uso de los recursos en educación. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el Perú se podría obtener un ahorro de alrededor de 1.0% del PBI de reducirse las ineficiencias de gasto en sectores como educación, salud, asistencia social e inversión pública.
¿Dónde focalizar la inversión en educación?
El trabajo con los docentes presentaría los mejores resultados educativos. De este modo, las iniciativas que incluyen acompañamiento pedagógico muestran mayores impactos en los aprendizajes de los estudiantes, seguidos de los efectos positivos de la adquisición y distribución de materiales educativos. Al respecto, según la revisión sistemática de International Initiative for Impact Evaluation, los programas de pedagogía, que capacitaron a los docentes, renovaron planes de estudio u otorgaron enfoques de instrucción, mejoraron entre 0.14 y 0.23 los puntajes de los exámenes de comprensión y matemáticas de los estudiantes de primaria. Asimismo, un estudio del Banco Mundial encontró que, por cada dólar invertido en infraestructura y equipamiento de escuelas primarias, el rendimiento escolar aumentaba entre 1.8 y 1.9 puntos porcentuales.
