Las municipalidades provinciales receptoras fueron Cusco, Urubamba, Calca y Quispicanchi, y las distritales Ollantaytambo, Pisac, Oropesa, Maras, Chinchero y Lucre. Los recursos no fueron empleados para promover la conservación y el acondicionamiento de los bienes patrimoniales que se ubica en sus jurisdicciones, como establece la Ley N° 28719 (del Boleto Turístico). La entidad encargada de vigilar el buen uso del recurso es la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, pero no hizo su trabajo. Durante los dos años se dejó de atender los sitios patrimonio de Tipón, Pikillaqta, Pisaq, Ollantaytambo, Chinchero y Moray. Solo hubo trabajos en Sacsayhuaman.
Contraloría detectó que los recursos recaudados por el BTC estuvieron destinados solo al mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento rural, serenazgo, recolección y transporte de residuos sólidos, entre otros. “No se ejecutaron como parte de algún proyecto de conservación y acondicionamiento del patrimonio, por lo tanto, incumplieron su finalidad”, precisa el informe. Asimismo, el informe señala que la DDC Cusco no adoptó medidas para fortalecer la labor que realiza la “Comisión encargada de revisar el uso de los fondos entregados del Boleto Turístico Cusco – Cosituc (Cerufc)”. Así, las labores de Cerufc no tuvieron efecto.
Hay responsabilidad en el actual director de la DDC, Fredy Zamalloa, así como en tres exfuncionarios Vidal Pino, Luis Nieto y María Elena Córdova.
Fuente: La República
