Esta petición de compensaciones viene derivada de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) ante las pérdidas producidas por los cierres masivos de hoteles. A partir del 26 de marzo, el Gobierno ordenó el cierre de todos los establecimientos hoteleros, al igual que de restaurantes, comercios o espacios culturales, restricción impidió ningún tipo de actividad durante meses.

De acuerdo a la citada cabecera, una reclamación de este tipo se presenta ante la vía administrativa, que tiene un plazo para resolver de 12 meses, y en el caso de ser rechazada se puede acudir al contencioso administrativo e, incluso, llegar al Constitucional o al Tribunal de Luxemburgo.

Meliá, también a través de 44 de sus sociedades propietarias de hoteles en gestión, alquiler o franquicia, presentó el pasado viernes una reclamación contra el Estado pidiendo una indemnización de 116 millones de euros por daños y perjuicios por el primer estado de alarma, por lo que “no se pueden descartar acciones ulteriores”, según el mismo periódico. NH, la otra cotizada hotelera española, exigió este lunes también una compensación a la Administración de más de 100 millones.

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