La decisión fue adoptada tras la inspección realizada por la representante del Ministerio Público en la zona arqueológica, en la cual comprobó la destrucción de tres almacenes con restos óseos, cerámicas, libros, archivos, textiles prehispánicos y murales.
Como parte de las diligencias se tomará declaraciones de testigos y se identificará a los trabajadores de la empresa Agroindustrial Pomalca, colindante al complejo arqueológico, donde se habría producido la quema de campos de caña que habría dado inicio al siniestro.
Asimismo, se realizarán pericias con especialistas en arqueología, que permitan determinar el nivel del daño ocasionado al importante complejo prehispánico.
